Con la mira puesta en la agenda de reclamos sindicales pendientes y tras haber logrado la rebaja de la carga del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, Antonio Caló reunirá este miércoles al consejo directivo de la CGT más afín a la Casa Rosada.
El encuentro servirá en la práctica para que la entidad formalice un nuevo pedido de audiencia con la presidenta Cristina Fernández, por fuera de la dinámica del diálogo tripartito, para exigir respuestas a los planteos por el reparto de fondos a las obras sociales sindicales.
La decisión de avanzar en una gestión directa con Cristina para destrabar el reparto de recursos a las prestadoras médicas sindicales fue tomada por la central obrera después de que el Gobierno anunció la excepción del pago de Ganancias de los trabajadores con salarios brutos de hasta $15.000. Es que en la visión de la cúpula cegetista que comanda Caló, solo a partir de un diálogo cara a cara con la Presidenta es posible que el Ejecutivo libere parte de los fondos que exigen los gremios.
El reclamo sindical contempla desde la actualización de montos de los subsidios, la suba de las cápitas que pagan los monotributistas por la atención médica que brindan las obras sociales y hasta la implementación de algún mecanismo de asistencia financiera adicional para las nuevas prestaciones que establece la ley de fertilización asistida.
Hay preocupación porque esto no se resuelve y en algunas obras sociales la situación es realmente muy crítica, advirtió un referente de la conducción de la central obrera oficial al matutino El Cronista, quien no ocultó sus reproches por la falta de avances en las negociaciones que representantes de la entidad mantuvieron durante los últimos meses con la superintendenta de Salud, Liliana Korenfeld.
En ese sentido, otro gremialista reprochó especialmente que aún el Ejecutivo no haya efectivizado el compromiso de elevar en un 40% el monto del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que en sobre la base de los $2.000 millones que esa medida distribuyó en el última año, representaría para las obras sociales un ingreso adicional de $ 800 millones anuales.
A ese malestar se suma la falta de ajustes en el SANO (el subsidio que garantiza un aporte mínimo) y las demoras en la actualización del componente del monotributo que se destina a las prestadoras médicas sindicales por la atención médica de esos contribuyentes.
La inquietud sindical por la situación financiera de las obras sociales será uno de los ejes del temario que abordará el consejo directivo cegetista cuando se reúna esta tarde en la sede del sindicato de peones de taxis, que encabeza Omar Viviani. El resto de la agenda se concentrará en el análisis de la rebaja de la carga de Ganancias y la ampliación del número de beneficiarios del régimen de asignaciones familiares dispuesto la semana pasada por el Gobierno.
Además, los sindicalistas abordarán la marcha de la ronda de diálogo tripartito y, en esa línea, definirán las propuestas que llevarán el miércoles próximo al debate de la comisión de trabajo no registrado convocada ayer por el Ministerio de Trabajo.
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