El Ejecutivo nacional terminó de delinear los principales ejes de la ofensiva contra el trabajo no registrado. Entre ellos se realza la creación del “veraz” laboral y de un cuerpo especial dedicado al control de evasión laboral en todo el país.
“Estamos trabajando para pulir los últimos detalles”, le confirmó anoche una fuente del Gobierno al matutino BAE. Para el anuncio oficial sobre el nuevo andamiaje restan algunas horas y no se descarta que tenga lugar la semana próxima en el ámbito de la Comisión de Empleo del Consejo del Salario.
Cuando la presidenta Cristina Fernández dio a conocer el incremento del 25% en el salario mínimo y la quita del Impuesto a las Ganancias para la primera cuota del aguinaldo, realzó el objetivo de luchar contra el trabajo ilegal para “incorporar a todos los argentinos” al segmento del trabajo en blanco. Allí la mandataria requirió del apoyo de empresarios y gremios para cerrar filas en pos de esa ofensiva. Incluso, terminado ese acto en el Ministerio de Trabajo dialogó varios minutos con representantes de los empleadores y los sindicatos sobre esa meta y también acerca de la “competitividad”.
El eje troncal de la estrategia del Gobierno tiene cuatro puntos básicos:
Veraz laboral
Se prevé la creación de un registro nacional de empleadores. Su constitución no sólo abarcará el incremento de sanciones sino también para avanzar hacia una concientización, que aumente la condena de la opinión pública ante lo que se constituye como un fraude laboral. Una fuente del Ejecutivo deslizó: “Incrementar una pena para el infractor apunta a lo inmediato. Cambiar la consideración social sobre el perjuicio del trabajo ilegal debe ser una labor con plazo extendido y sin pausas”.
“Buró” federal
Más allá de que de la veintena de inspectores con la que contaba el Ministerio de Trabajo en 2003 a los más de 400 que revistan en la actualidad, el Gobierno consideró decisivo incrementar la cantidad de agentes dedicados “específicamente” a controlar la evasión laboral, sobre todo considerando las diferentes características de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en lo que a demografía y población activa. De allí que se conformará una unidad especial con injerencia federal para investigar caso por caso, ante la posible comisión de subcontratación ilegal.
Doble efecto
Quienes trabajaron para definir el nuevo esquema de fiscalización laboral realzan un punto que consideran “distintivo”. Por un lado, incrementar el aspecto “punitivo”, pero al mismo tiempo poner en marcha un plan de incentivos destinado puntualmente hacia las pequeñas y medianas empresas productivas, que es donde se registran los mayores índices de irregularidad.
Organización sustentable
Al mismo tiempo que se fueron definiendo el orden de prioridades y la tónica, volcando ese esquema sobre el mapa del territorio nacional, aparecieron requisitos exigentes. Por un lado que Nación tenga mayor injerencia y por consiguiente respaldo a las diferentes provincias que ven acotadas sus posibilidades de control en rigor de limitaciones presupuestarias. Dentro de la concepción federal también se priorizó establecer que esa injerencia se sustente dentro del esquema legal. De allí que el concepto de cuerpos especiales de inspectores y registros son dos elementos primordiales del andamiaje que se presentará en los próximos días, con respaldo de empresarios y la CGT que lidera Antonio Caló.
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