El gobierno reglamentará el blanqueo en los próximos 15 días

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El gobierno reglamentará el blanqueo en los próximos 15 días

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El gobierno reglamentará el blanqueo en los próximos 15 días,
El Gobierno asegura que para la segunda quincena de julio el blanqueo estará reglamentado y que para la primera semana de agosto ya estará funcionando a pleno.
Esto quiere decir que habrá no menos de cinco meses para tentar a los argentinos y extranjeros residentes en el país para que traigan sus dólares fuera del sistema financiero; estén estos ubicados en el exterior o dentro de la Argentina, pero siempre sin declarar.
Para esto se piensa en una estrategia de acción pública y otra directa. Por un lado se hará propaganda pública para interesar a los potenciales "clientes" del blanqueo. Pero además, habrá comunicación directa con los eventuales tenedores de dólares y divisas sin declarar para informarlos sobre el llamado, y advertirles que desde 2017 el Gobierno podrá detectar sus posesiones, especialmente en el exterior. 
Legalmente, el Ejecutivo tiene 30 días corridos desde la promulgación de la ley, para que el llamado esté en marcha. Si se concreta que Mauricio Macri ponga su firma hoy luego de su regreso desde Chile a la ley aprobada la noche del miércoles, la norma aparecerá en el Boletín Oficial el lunes 4 de julio a más tardar.
Esto implica que, como máximo, el miércoles 3 de agosto el blanqueo debería estar en marcha. Obviamente la intención oficial es que los tiempos se acorten. La idea es que entre el lunes 18 y el viernes 29 de este mes todas las dependencias involucradas ya tengan las reglamentaciones publicadas. 
La parte que menos dificultades traería, curiosamente, es la regulación de los límites para la inscripción del blanqueo: 305.000 pesos sin costo (o su equivalente en moneda extranjera); un 5% hasta 800.000 pesos y el 10% para montos superiores.
Se reglamentará también el beneficio de la exclusión de Ganancias para los trabajadores que no tributen Bienes Personales; beneficio que no alcanzará el pago de este mes sino que comenzará a aplicarse con los haberes de julio. 
También se reglamentará la exclusión de los funcionarios públicos de los tres poderes y la suba escalonada del Impuesto a los Bienes Personales. 
Lo más problemático de reglamentar será la batería de controles para persuadir a los tenedores de dólares fruto de delitos como el narcotráfico, venta ilegal de armas o lavado de dinero, entre otros, para que no se incorporen al llamado.
La norma explicita que sólo serán perdonadas las penas por evasión impositiva, aún la penal tributaria; pero no el resto de los delitos. El problema es de qué manera se cubre el Estado nacional de eventuales ingresos de divisas generados por esas acciones.
Se sabe que habrá una declaración jurada de los que declaren los dólares, afirmando que se trata sólo de dinero con delitos impositivos y que no habrá responsabilidad de los bancos publicos o privados para controlar que no lo sea . Lo que debe regular ahora el Estado nacional es la manera de controlar que el dinero provenga de la evasión tributaria pero no de otros delitos. 
Una vez reglamentado el llamado, vendrá la etapa de "convencimiento" a los potenciales interesados para que se incorporen. El eventual "zoológico" para cazar tenedores de dólares es inmenso y, dependiendo de quien calcule, se trata de tenedores de dólares de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares, señala Ámbito Financiero.
Se suman los poseedores de divisas en el país resguardados tanto en cajas de seguridad como en hogares y los miles de millones depositados en cuentas bancarias o administrados por fondos de inversión en el exterior.
Para los primeros se piensa enviar cartas personales a los mayores contribuyentes de la AFIP y propaganda activa en los principales medios públicos del país.
Para los segundos, donde se supone que está la mayor cantidad de dólares, la acción será más directa. A la "ayuda" que puedan aportar los bancos extranjeros y que ya colaboraron con los blanqueos que lanzaron Uruguay, México y España, entre otros, se sumará la posibilidad de que también otros entes recaudadores presionen a argentinos que posean bienes muebles o inmuebles para que tomen conocimiento del blanqueo, en el caso de que no tengan declaradas sus respectivas tenencias.

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