El Gobierno dispuso la actualización de las remuneraciones a los jubilados y pensionados con el ánimo de frenar la gran cantidad de demandas contra el Estado por parte de quienes reclaman por la errónea liquidación de sus prestaciones y haberes.
A través del decreto 807, publicado este martes en el Boletín Oficial, se determinó el nuevo índice de actualización de remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).El mismo, tal como define la normativa, deberá incluir:
- Hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR).
- Entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
- A partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley 26.417 (de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público).
Los considerandos de la norma dejan en claro el objetivo del decreto, al destacar que "a pesar de los dictados de las diferentes normas reglamentarias que fijaron distintos métodos de actualización (...), no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional".Además, destaca que tampoco se pudo "evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales, en lo que respecta a períodos de actualización anteriores a la vigencia de la Ley 26.417".Por ese motivo, y "con el objeto específico de interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios", el Estado decidió "efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones".Por último, la norma obliga a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a no presentar recursos extraordinarios en aquellas causas donde exista una sentencia firme, sea de la Corte Suprema o de los tribunales competentes.
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