Ésta es una semana clave en la definición del megaproyecto de ley del Gobierno que propone el pago de la deuda a los jubilados y un amplio blanqueo de capitales.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo y sectores de la oposición avanzan en un texto consensuado, aunque todavía quedan puntos importantes en discusión. Lo único claro, por ahora, es que la iniciativa se aprobará por amplia mayoría el miércoles de la semana próxima, pero con importantes modificaciones.
Pasado mañana las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto tienen previsto emitir el dictamen. En estas horas se define la letra chica del proyecto; las afinidades son mayores con el Frente Renovador, de Sergio Massa.
El Bloque Justicialista, con el ex jefe de la ANSES Diego Bossio como vocero, anticipó que votará en general, pero presentaría un dictamen propio. Más duro, el bloque del Frente para la Victoria (FPV) cuestiona aspectos medulares del proyecto, por lo que difícilmente sus modificaciones sean incluidas.
Uno de los aspectos clave de la iniciativa es el pago de la deuda del Estado con aquellos jubilados que iniciaron juicios previsionales -tengan sentencia firme o no-, medida que va acompañada de un aumento de los haberes en un promedio del 45% (a partir del recálculo que ordenó la Corte Suprema).
El Gobierno estima que el beneficio alcanzará a 2,4 millones de jubilados. Este capítulo incluye, además, la creación de una pensión universal para los mayores de 65 años que no hicieron los aportes. Orillaría el 80% del haber mínimo garantizado.
La oposición pone la lupa en el financiamiento. Según el proyecto, provendrá, en parte, del blanqueo de capitales que contempla la misma iniciativa (se estima una recaudación mínima de $20.000 millones). Éste es otro de los capítulos esenciales del proyecto sobre el que no habría discusión.
La otra fuente de financiamiento es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que hoy tiene $750.000 millones, a los que se deben sumar las utilidades, que suman otros $75.000 millones anuales. Asimismo, la iniciativa oficial propone que la ANSES pueda vender las acciones que posee en empresas privadas, hoy vedado por ley.
Éste es un punto de discordia con la oposición y que el oficialismo está revisando. "Vamos a retocar el artículo: la idea es fijar criterios claros que impidan que se vendan las acciones por cualquier motivo", confiaron a La Nación en el oficialismo.
Tanto Marco Lavagna (Frente Renovador) como Bossio habían expresado sus reparos al respecto.
"Si se venden masivamente las acciones de la ANSES, se puede estar hipotecando el futuro del fondo de sustentabilidad", advirtió Lavagna.
Sobre este punto habría acuerdo con el oficialismo. En lo que no habrá cambios es en el índice que utilizará el Gobierno para actualizar el cálculo de haberes. Bossio insiste en el criterio que impuso la Corte Suprema en el fallo Elliff, que implicaría subas de casi el 80% (no del 45% promedio que propone el Gobierno).
"Es un costo fiscal enorme sobre un esfuerzo fiscal que ya es enorme", sostienen en el oficialismo.
Otra cuestión es la pensión a la vejez. En septiembre próximo vence la moratoria previsional que instrumentó la ex presidenta Cristina Kirchner y que permite a los trabajadores que no realizaron aportes suficientes recibir una jubilación a los 60 años.
"El otorgamiento de una pensión graciable es indigno", sostuvo el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FPV), quien señaló que quienes la perciban no tendrán los beneficios de una jubilación (como el PAMI). En el caso de las mujeres, deberán esperar cinco años más para cobrar.
El Frente Renovador insistirá en que el proyecto contemple algún beneficio extra para quienes cobran el haber mínimo (excluidos en su mayoría de la iniciativa). Por otra parte, diputados por Córdoba y la Pampa, que en la década de los 90 no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, reclaman que se incluya una cláusula para que la ANSES les envíe a estas jurisdicciones los pagos prometidos en 1999 para cubrir la asimetría con los distritos que sí transfirieron sus cajas a la Nación.
"Todo esto suma más costo fiscal y difícilmente el Tesoro pueda asumirlo", admiten en el oficialismo.
En el capítulo blanqueo, el diputado Lavagna propone que se refuerce la recompensa para aquellos contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de sus impuestos. La iniciativa del Gobierno propone eximirlos del pago de Bienes Personales durante tres períodos fiscales. Lavagna cree que es exiguo. Sobre este punto se está dialogando.
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